Tras la pandemia Covid-19 podemos afirmar que nuestro país ha vivido una devastación singular y sin precedentes en el marco de una crisis sanitaria consolidada desde hace ya décadas. La evolución del gasto sanitario respecto al PIB, los continuos reajustes, la escasa inversión, los limitados avances en la evaluación de eficiencia operativa en la gestión de organizaciones, los programas y políticas públicas, y el nulo o insuficiente recambio y dimensionamiento de plantillas, son algunos factores convergentes, fundamentalmente caso de las enfermeras por su impacto en la salud y en el funcionamiento de las organizaciones. El “shock” inicial y, las críticas y posteriores olas han sido amortiguadas desde el inicio por los profesionales cuyo compromiso y dedicación permitió adaptar espacios especializados y formas de asistir, además de incorporar avances e innovación en la práctica clínica. Justamente las enfermeras son altamente consideradas por su capacidad para la organización, gestión y administración de espacios, recursos y profesionales.
La pandemia COVID ha embestido de manera inesperada a un sistema
sanitario crítico, herido y decadente en su morfología y estructura. Un sistema
que sin haber asumido los cambios necesarios, ni siquiera la “voluntad” para
modular e implantar modelos y propuestas, se ha visto sometido a un
sobresfuerzo y estrés casi al borde del colapso. De hecho desde el punto de
vista económico y frente al gasto
sobreañadido y su extensión en el tiempo, las Comunidades Autónomas han hecho un esfuerzo inversor no previsto respecto
a su PIB, siendo reforzado también por fondos específicos, como el extraordinario Fondo COVID-19. Es cierto que estos dos últimos años hemos asistido a
cambios significativos en el desarrollo y la innovación
tecnológica como respuesta a la pandemia que han facilitado el control y
gestión de la misma, pero ninguno como
reacción al análisis y consideración de factores causales como los movimientos
demográficos, los patrones epidemiológicos, la propia cultura y comportamiento
poblacional respecto a la salud, la coordinación sociosanitaria, la
conectividad entre las áreas asistenciales o el necesario replanteamiento sobre
Salud Pública. Sobre formas de gestión y evaluación de resultados acordes al
momento y contexto, o sobre demandas y necesidades poblacionales, o sobre aquellos
dirigidos a enfrentar las actuales incertidumbres…tampoco ha habido
planteamientos serios para asegurar una modernización coherente y sostenible.
Todas estas cuestiones tan “vitales” para
garantizar un sistema preparado y consistente ante futuras amenazas vienen siendo
relegadas inexplicablemente, aunque cuentan con un denominador común: la toma
de decisiones caracterizada por “visiones” cortoplacistas y de baja implicación.
Los recursos y presupuestos escasos y ajustados, el impacto en la aceleración
tecnológica y la necesidad de digitalizar procesos son factores de presión al
alza que restan prioridad a la necesidad de contar además,
con políticas de planificación y desarrollo profesional en nuestro sistema. La
puesta en marcha de un plan específico de recursos humanos para mejorar la
estabilidad y el nivel retributivo, la mejora de los atractivos para la
cobertura de puestos de difícil ocupación y la necesidad de actualizar el
sistema de contratación de personal sanitario, eliminando la temporalidad y
precariedad, requieren un abordaje integral desde hace décadas, y esta desidia está
causando verdaderos estragos en la fuerza laboral sanitaria; el déficit y
abandono de profesionales o cambio de preferencias sobre las necesidades reales
va a ser un gap difícil de reparar a corto plazo. El sistema a través de sus decisores, solo está siendo reactivo y aunque
se vienen ofreciendo “buenos resultados” con un nivel relativamente bajo de
inversiones es igualmente cierto que, gracias a los profesionales implicados, el
esfuerzo del día a día y, por un sistema público de calidad.
Cumplidos más de dos años de pandemia y sin entrar ya en enfoques
epidemiológicos, análisis de prevalencias, curvas, olas, cifras de mortalidad…
pero si, teniendo en cuenta el impacto en la salud, en nuestra población, nuestras
comunidades y, tomando referencias sobre el impacto socioeconómico y la
acentuación de la desigualdad y los determinantes, el futuro exige medidas no demorables.
Redirigir el rumbo de nuestro sistema y la política de los recursos y dotación,
son cuestiones imperativas. Las consecuencias de los problemas estructurales
que arrastra el sistema en general y por comunidades, son debilidades que
apunta tanto a la inversión en infraestructuras y tecnologías, como a la
política de los imprescindibles recursos humanos.
Es por ello que, las deficiencias de personal, las políticas de
contratación, las condiciones laborales y de entorno, están íntimamente ligadas
con la economía pero también, con la salud de las poblaciones. Compromete por
tanto a gestores y políticos tomar
decisiones de amplio enfoque, mejor informadas, basadas en datos, resultados,
en evidencia científica y sobre necesidades para la población. De lo contrario,
si los formuladores de políticas implementan constantes reducciones generales
en el gasto, corren el riesgo de causar más daño que bien y en ese caso, el
futuro, aún podría ser más incierto y precario.
